Lay de Contabilidad Gubernamental

Ley General de Contabilidad Gubernamental… ¿nueva?

Por: Jaime Carballo Maradiaga, Contador Público Certificado por el IMCP, docente e investigador egresado de la Universidad Iberoamericana.

Correo: jcarmarg@gmail.com

Derivado del envío que hizo el Ejecutivo Federal de la “Iniciativa Preferente” en materia de contabilidad gubernamental, se ha escuchado en varios medios que ahora sí habrá control de los bienes que poseen las entidades públicas; sin embargo, lo cierto es que esta ley se publicó desde 2008 y su vigencia inició el 1 de enero de 2009.

Lo que el Ejecutivo hizo en esta ocasión fue enviar adiciones a la ley anterior en lo relativo a publicaciones de ciertos resultados presupuestales y de algunas sanciones específicas por incumplimiento a la misma ley.

Por lo tanto en este momento, lo relevante debe ser no tanto las mejoras hechas a la ley sino la revisión de los avances que deben haberse dado con la ley original, desde cuya entrada en vigor ya han pasado casi 4 años.

Lo más importante de esa ley es la obligación de su cumplimiento por parte de todas las entidades y dependencias públicas que manejan recursos públicos, en todos los órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal). Dicha obligación incluye a todos los organismos autónomos, como las universidades, por ejemplo, que, con la bandera de la autonomía, siempre buscan (y muchas veces logran) quedarse fuera de estas obligaciones.

El Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) es el encargado por dicha ley de emitir las bases y lineamientos generales que deben acatar todos los entes públicos para el registro contable de sus operaciones.

Como fecha límite para la aplicación de esa ley se marcó el 31 de diciembre de 2012. Ahora, sin embargo, parece que algunos plazos (sobre todo para la aplicación en municipios) se han ampliado hasta 2014, con posibilidades de solicitar prórroga hasta 2015.

Pero, independientemente de las fechas máximas de aplicación, hay varias situaciones que deberían estar cumpliéndose desde el inicio de la vigencia de la ley, como por ejemplo las adquisiciones de bienes duraderos (conocidos contablemente como activos fijos), los cuales pueden separarse en 2 grandes grupos:

  • Los adquiridos hasta el 31 de diciembre de 2008. Al no existir lineamientos específicos a esa fecha, la ley dio plazos para practicar inventarios físicos y conciliarlos con los registros contables.
  • Los adquiridos a partir del 1 de enero de 2009, los cuales ya debieron apegarse estrictamente al cumplimiento de la ley, que obliga a su registro y control inmediato.

La ley tiene un enfoque primordialmente patrimonial. Esto significa que la preocupación primaria que tiene es el control de los bienes y de sus deudas, que son los elementos que conforman el patrimonio de cualquier entidad. Esa parte patrimonial ya debería estar prácticamente cumplida. Sería interesante revisar el grado de su aplicación, misma que implica el diseño de muchos procedimientos, controles y valuaciones para que toda esa información, que anteriormente no tenía lineamientos claros, ahora si esté fluyendo hacia el registro contable.

Un aspecto importante de la contabilidad gubernamental es el registro del presupuesto, que es el motor de toda actividad gubernamental desde el punto de vista financiero. Dicho registro repercute directamente en su patrimonio de diversas formas, por lo que ambas contabilidades deben estar, como incluso lo menciona la ley, debidamente vinculadas y con registro simultáneo, situación que en esta fecha ya debe estar llevándose a cabo.

La contabilidad del presupuesto es anual y no permanece en los registros. Cada año se aprueba, se ejerce, se analiza y se pierde en el tiempo. Con la contabilidad patrimonial, en cambio, no sucede lo mismo: dicha contabilidad controla los recursos que se invierten y se comprometen, los cuales permanecen en el tiempo. Esta peculiaridad reviste importancia, ya que con ella se ejerce el control en el tiempo de los bienes que posee un ente público y de las deudas que se generan en un periodo presupuestario y quedan registradas hasta su extinción.

Por otra parte, en contabilidad podemos tener diferentes criterios para la valoración de los bienes y de las deudas. Por ello, es necesario tener lineamientos claros para su determinación, ya que un balance puede reflejar diferentes valores y reflejar situaciones con objetivos diversos.

Para ello, el CONAC ya publicó lineamientos generales y específicos para la valoración del patrimonio aludido, mismas que deben reflejar en el balance de las entidades todos sus derechos e inversiones así como todos sus pasivos, incluyendo las obligaciones laborales que se han generado a la fecha, que tendrán una repercusión presupuestal en el futuro.

¿Podemos imaginarnos cuánto pueden deber en este momento, en forma acumulada, el IMSS y el ISSSTE por obligaciones presentes cuyos desembolsos tendrán que hacerse en el futuro? ¿Cuánto debe todavía Ferrocarriles Nacionales de México actualmente y cuándo se terminará de pagar, por las obligaciones laborales que aún tiene? Estos son 2 ejemplos de pasivos que ahora, por ley, deben estar registrados.

Ésas son las situaciones que deben preocuparnos en este momento. ¿O será que estos cambios son distractores para hacernos olvidar las obligaciones que debieron haberse cumplido ya?