L.C. César Aguilar Aguilar
Cuando dos empresas del mismo grupo se prestan servicios, se financian, venden activos, licencian intangibles o comparten costos, la documentación debe permitir entender qué ocurrió, por qué se hizo y qué valor generó. En este artículo encontrarás una ruta clara para identificar riesgos, organizar pruebas y fortalecer la sustancia económica de las operaciones intragrupo.
¿Qué es la sustancia económica?
En materia fiscal, la sustancia económica se entiende como la realidad material y financiera de una operación, más allá de su forma jurídica, es el elemento que demuestra que un acto tiene un propósito económico legítimo, que genera beneficios o efectos reales en la empresa, y no se limita únicamente a producir un ahorro de impuestos.
En términos prácticos, la sustancia económica implica que:
- La operación debe tener razón de negocios (ej. aumentar ingresos, reducir costos, mejorar competitividad, atraer inversión).
- Debe existir evidencia de que la transacción se llevó a cabo en la realidad: entrega de bienes, prestación de servicios, flujo de efectivo, registros contables.
- El beneficio económico esperado debe ser mayor o al menos proporcional al beneficio fiscal que se derive.
Así, la sustancia económica es el criterio que permite a la autoridad fiscal distinguir entre una planeación fiscal legítima y una estructura artificial creada solo para obtener ventajas tributarias, en otras palabras, es el puente que conecta la forma jurídica con la realidad económica de las operaciones.
Disposiciones fiscales aplicables
El concepto de sustancia económica en México se encuentra principalmente en el artículo 5-A del Código Fiscal de la Federación (CFF), introducido en la reforma fiscal de 2020, esta disposición establece que los actos jurídicos que carezcan de razón de negocios y generen un beneficio fiscal tendrán, para efectos fiscales, los efectos que correspondan a los que se habrían realizado para obtener un beneficio económico razonablemente esperado.
Disposiciones legales relevantes
- Artículo 5-A del CFF
- Define la norma antiabuso y vincula directamente la exigencia de sustancia económica.
- Señala que el SAT puede desconocer la forma jurídica de una operación si no existe una razón de negocios y aplicar el tratamiento fiscal que refleje la operación de fondo.
- Artículo 69-B del CFF
- Aunque se centra en las operaciones inexistentes (EFOS y EDOS), complementa el concepto al exigir que las operaciones amparadas en CFDI tengan materialidad y sustento real.
- Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR)
- En diversas disposiciones, como las relativas a deducciones, se exige que los gastos tengan un propósito económico real y estén estrictamente vinculados con la actividad del contribuyente.
La sustancia económica no aparece como un término aislado en todas las leyes fiscales, pero se articula a través de estas disposiciones:
- El CFF exige que las operaciones tengan razón de negocios y sustento económico.
- La LISR condiciona deducciones y beneficios fiscales a que los actos estén vinculados con la generación de ingresos.
- El SAT puede recaracterizar operaciones si detecta que su único fin es el ahorro fiscal.
En síntesis, la sustancia económica es el principio que obliga a que las operaciones tengan un propósito económico auténtico, más allá de la forma jurídica y del beneficio fiscal.
Cómo acreditar la sustancia económica en 7 pasos
1. Define el problema de negocio
Describe la necesidad que origina la operación: falta de liquidez, acceso a personal especializado, centralización de funciones, adquisición de tecnología, expansión o reducción de costos. Evita justificaciones genéricas.
2. Compara alternativas
Registra las opciones analizadas, sus costos, riesgos, tiempos y beneficios. Esta comparación ayuda a explicar por qué se eligió la operación y no otra estructura.
3. Verifica la capacidad de las partes
Comprueba que quien presta el servicio o entrega el bien cuenta con personal, experiencia, activos, licencias, sistemas, infraestructura o subcontratistas adecuados.
4. Formaliza antes de ejecutar
El contrato debe precisar objeto, alcance, responsabilidades, entregables, contraprestación, método de cálculo, vigencia, propiedad intelectual, terminación y solución de controversias.
5. Documenta la ejecución
Conserva reportes, correos, minutas, entregables, bitácoras, accesos a sistemas, órdenes de compra, evidencia de entrega, aceptación del servicio y cualquier prueba contemporánea.
6. Alinea precio, pago y contabilidad
El precio debe relacionarse con las funciones, activos y riesgos asumidos. Los pagos, CFDI, retenciones, registros contables y declaraciones deben ser congruentes con el contrato y con la operación real.
7. Revisa el resultado
Mide si se obtuvo el beneficio esperado. Indicadores como ahorro operativo, ingresos, productividad, acceso a mercado o reducción de tiempos ayudan a demostrar que la decisión tuvo efectos empresariales.
La noción de sustancia económica nos recuerda que, en el ámbito fiscal, las operaciones deben tener un propósito genuino más allá del ahorro de impuestos.
Su importancia radica en que obliga a las empresas a actuar con transparencia, a documentar la realidad de sus transacciones y a demostrar que cada decisión corporativa genera valor tangible.
En última instancia, este concepto fortalece la confianza en el sistema tributario, fomenta prácticas empresariales más sólidas y asegura que la planeación fiscal se mantenga dentro de un marco legítimo y sostenible