El 27 de junio de 2019, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados sugirió modificaciones en el apartado de Simplificación Administrativa Fiscal del Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024, dada la implementación de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) y el Recibo Electrónico de Pagos (REP).

Cabe mencionar que esta propuesta no prosperó en 2019, y por lo pronto no se vislumbra como una prioridad para 2020, dada la situación económica y de salud que enfrenta el país y el mundo como consecuencia del COVID-19.

La implementación de la Contabilidad Electrónica no solo implicó una inversión de recursos importantes para el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sino también para los contribuyentes desde 2015, cuando inicio su obligatoriedad, cuya intención fue realizar auditorías electrónicas, sin embargo, la fiscalización se ha centrado en la información que se obtiene de los CFDI.

El SAT ha venido utilizando los CFDI para realizar sus análisis, compulsas, cruces de información y llevar estadísticas, que le permiten obtener información suficiente utilizada en sus programas de Vigilancia de cumplimiento y Caídas recaudatorias, a través de los cuales invita y exhorta a los contribuyentes a cumplir con sus obligaciones fiscales a través de detectar inconsistencias y discrepancias entre lo reportado en el CFDI y lo declarado.

Se espera que la incorporación del REP, que vino a fortalecer al CFDI, sea de gran ayuda para la autoridad en sus procesos de fiscalización. Cabe destacar algunas ventajas que brinda la Contabilidad Electrónica como el orden para clasificar la información contable, fiscal y financiera, agrupando, de manera sistemática los saldos iniciales y saldos finales, de las cuentas de balance e ingresos y egresos, lo cual representa mejores prácticas de control para las empresas.

La incorporación de la tecnología para el procesamiento de la Contabilidad Electrónica, permite que el manejo y almacenamiento de archivos digitales y CFDI sea más ordenado, así como que el resguardo y respaldo de la información sea más seguro y económico, al minimizar el uso de expedientes físicos, haciendo más eficientes los procesos fiscales.

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