Funciones de la Ley de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Por: Luis Alonso Hurtado Colin.
Conoce cómo la «Ley antilavado» funciona y cuáles son las acciones que toma ante la prevención de operaciones de procedencia ilícita.
Las organizaciones criminales requieren de fuentes de financiamiento para delinquir; por ello buscan los medios que faciliten el flujo de recursos para cubrir sus necesidades y adquirir bienes o servicios. En el plano internacional han encontrado espacios y brechas en los sistemas financieros para utilizar sus recursos obtenidos ilícitamente, como si de origen estuviesen dentro de las actividades permitidas por el Estado.
En la búsqueda de combatir las actividades que dañan a las estructuras sociales y la seguridad en general, en 1989 se creó un organismo internacional denominado Grupo de Acción Financiera (GAFI), encargado de proveer criterios estandarizados de contención a las actividades ilícitas por medio de 40 recomendaciones emitidas y supervisadas por los Estados miembros.
En México entró en vigor el 17 de julio del 2013 la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) —la cual ha recibido el nombre genérico de “Ley antilavado”— con el objetivo de sentar precedentes adecuados para combatir actividades que buscan el blanqueo de capitales obtenidos de manera indebida.
Este instrumento jurídico permite dar cumplimiento a las diferentes recomendaciones emitidas por el GAFI; además de someter los resultados alcanzados a los procedimientos de revisión entre pares, mejor conocidos como evaluaciones mutuas.
En nuestro país se tienen catalogadas 16 actividades vulnerables en términos del Artículo 17 de la LFPIORPI, cuya observación depende de lo establecido en los 65 artículos de la legislación. Se consideran procesos como la identificación de clientes cuando llevan a cabo operaciones contempladas en las fracciones aplicables.
Actualmente, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es la autoridad encargada de velar por la correcta aplicación de este instrumento jurídico a fin de garantizar que los procesos que involucran el desarrollo de actividades vulnerables cumplan con lo establecido en las disposiciones. En algunos casos, las organizaciones, instituciones o personas pueden ser utilizadas para participar en procesos de blanqueo de capitales sin percatarse, por ello las estrategias de mitigación se enfocan en todos los involucrados.
El espectro de actividades es muy amplio, considerando incluso servicios generales o cotidianos como el arrendamiento o la compraventa de vehículos. La regulación resulta de la demostración en el plano internacional de que dichas actividades son muy útiles para las organizaciones criminales como alternativas para el lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas.
En consecuencia, las organizaciones que involucran actividades vulnerables deberán acatar las regulaciones correspondientes para contribuir con el Estado a garantizar la seguridad nacional, a ubicar las fuentes de riqueza lícitas y, sobre todo, a prevenir delitos graves que puedan generar daños irreversibles en las estructuras sociales del país.
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